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La construcción encadena seis meses de caídas y necesita 700.000 trabajadores para ejecutar las obras previstas

Fotografía que ilustra la noticia: La construcción encadena seis meses de caídas y necesita 700.000 trabajadores para ejecutar las obras previstas
(El Español)

La construcción española ha pisado el freno. El sector acumula seis meses consecutivos de caídas interanuales de actividad en 2026, con un desplome del 38,1% en la edificación de edificios durante junio. La falta de trabajadores cualificados, con unas 700.000 vacantes sin cubrir, lastra la ejecución de proyectos ya comprometidos y frena el arranque de otros nuevos. La patronal del sector reclama al Gobierno desbloquear la reforma de la Ley del Suelo y agilizar la coordinación administrativa para dar certidumbre a las inversiones.

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Seis meses de caídas y un desplome del 38% en edificación

El sector de la construcción en España acumula seis meses consecutivos de descensos interanuales de actividad a lo largo de 2026. El dato más reciente, correspondiente a junio, refleja una caída del 38,1% en la construcción de edificios, el segmento que concentra el mayor retroceso. Este comportamiento contrasta con la demanda existente de obra, tanto pública como privada, y apunta a un problema estructural de capacidad, más que a una falta de encargos.

La edificación residencial y no residencial sufre con especial intensidad el frenazo. Las constructoras consultadas por la fuente señalan que la escasez de mano de obra limita la ejecución de proyectos ya contratados y desincentiva la contratación de nuevos trabajos, ante el temor a no poder cumplir plazos. El resultado es una paradoja: hay obra prevista, pero no hay brazos para levantarla.

700.000 trabajadores: la brecha que estrangula al sector

El sector necesita incorporar alrededor de 700.000 trabajadores para poder ejecutar todas las obras previstas. Esta cifra, que la patronal viene manejando desde hace meses, pone de manifiesto la gravedad del desajuste entre la oferta y la demanda de empleo en la construcción. La falta de personal cualificado afecta tanto a oficios tradicionales como encofradores, albañiles o fontaneros, como a perfiles técnicos intermedios.

El problema no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. La demanda de trabajadores se concentra en perfiles con formación específica, que no se están generando al ritmo necesario. Las empresas del sector llevan tiempo advirtiendo de que la falta de relevo generacional y el escaso atractivo de la profesión para los jóvenes están agravando el déficit. Sin una respuesta coordinada entre el sector público y el privado, la brecha amenaza con cronificarse.

Costes al alza: la inflación y la guerra en Oriente Próximo encarecen los proyectos

El aumento de costes es el otro gran factor que está haciendo inviables muchos proyectos. La inflación, agravada por la guerra en Oriente Próximo, ha disparado el precio de los materiales de construcción, la energía y el transporte. Esta presión de costes se traslada a los presupuestos de las obras, y muchas de ellas, que se firmaron con precios cerrados, están sufriendo pérdidas o retrasos.

La combinación de costes al alza y falta de mano de obra está provocando que algunas constructoras opten por retrasar o incluso abandonar proyectos. La fuente cita expresamente esta doble presión como causa del frenazo. El impacto se deja notar no solo en la cuenta de resultados de las compañías, sino también en la capacidad del país para ejecutar obras de infraestructura y vivienda que se consideran estratégicas.

La patronal reclama desbloquear la Ley del Suelo y agilizar licencias

Ante esta situación, la patronal del sector reclama al Gobierno dos medidas concretas. La primera es desbloquear la reforma de la Ley del Suelo, una norma que lleva años en el aire y que, según los empresarios, es clave para ofrecer seguridad jurídica a los inversores y agilizar la puesta en marcha de proyectos. La segunda es mejorar la coordinación administrativa para acelerar los permisos y licencias, que hoy se demoran durante meses.

La falta de seguridad jurídica es un freno adicional para atraer inversión, tanto nacional como extranjera. La reforma de la Ley del Suelo, que se ha quedado estancada por discrepancias políticas, es vista por el sector como una palanca esencial para reactivar la actividad. Mientras no se aborde, cualquier plan de crecimiento se topa con barreras burocráticas que encarecen y retrasan las obras, en un contexto en el que el sector ya no puede absorber más costes.