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Más de 300 municipios catalanes exigen retirar el plan de renovables y preparan acciones legales

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(Expansión)

Más de 300 municipios catalanes, consejos comarcales y entidades sociales han mostrado su 'oposición frontal' al plan territorial para la implantación de energías renovables en Cataluña, conocido como Plater, y exigen su retirada 'inmediata'. Los entes locales, coordinados por la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, anunciaron la creación de una asociación con personalidad jurídica propia para emprender acciones legales contra el plan.

Un frente municipal contra el Plater

La oposición al Plater ha cristalizado en la creación de la Associació de Municipis per a la reforma del Plater, una entidad que dotará a los municipios de personalidad jurídica y recursos para llevar a cabo acciones legales. La decisión se tomó ayer, en una reunión coordinada por la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, y fue difundida por Efe.

Los colectivos implicados no se declaran contrarios a las renovables, pero rechazan que la planificación de espacios para instalar parques solares y molinos de viento no tenga en cuenta al mundo rural. Por ello, piden una moratoria de los macroproyectos industriales mientras no se reforme el plan.

12.143 alegaciones en información pública

El Plater define las áreas aptas para el desarrollo de renovables en Cataluña. Según informó el Govern el pasado domingo, el plan ha recibido 12.143 alegaciones durante el proceso de información pública, una cifra que refleja el malestar social y municipal ante el documento.

La exigencia de retirada inmediata se suma a esas alegaciones y plantea un escenario de conflicto entre el Govern y el mundo rural. La creación de la asociación de municipios supone un paso más en la estrategia de oposición, que pasa de la protesta a la acción legal organizada.

El impacto de la planificación renovable en el territorio

La planificación territorial de las renovables es una de las claves para alcanzar los objetivos de transición energética, pero también genera tensiones en amplias zonas rurales. El rechazo de más de 300 entes locales evidencia que el despliegue de parques solares y eólicos no se percibe como neutro ni beneficioso para todos por igual.

Los municipios reclaman ser tenidos en cuenta en la planificación y piden que se revise el modelo propuesto. La moratoria de macroproyectos industriales que exigen es una medida concreta para frenar el ritmo de implantación mientras se negocia una reforma del Plater que recoja su visión del territorio.

El conflicto no es exclusivo de Cataluña, pero el volumen de municipios implicados y la formalización de una asociación para litigar le da una dimensión jurídica y política relevante. La decisión del Govern sobre cómo responder a esta presión será clave para el futuro de la planificación renovable en la comunidad.