Meridiano Público

energia

Las grandes tecnológicas presionan al Gobierno para endurecer la normativa de los centros de datos y frenar a la competencia

Fotografía que ilustra la noticia: Las grandes tecnológicas presionan al Gobierno para endurecer la normativa de los centros de datos y frenar a la competencia
(El Español)

El nuevo Real Decreto que prepara el Gobierno para regular los centros de datos en España ha generado un fuerte malestar en el sector. La norma, que eleva las exigencias energéticas, ambientales y de soberanía digital, ha contado con la presión de las grandes tecnológicas, como Amazon, para que sea aún más restrictiva. El resultado, según denuncian las pequeñas y medianas empresas, sería la expulsión de competidores del mercado.

Por

Exigencias energéticas y ambientales más duras

El Real Decreto, que el Ejecutivo ha sacado a audiencia pública, establece que los centros de datos con una potencia superior a 1 MW deberán cubrir, al menos, el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, acreditada hora a hora. Esta condición, que se suma a otros requisitos ambientales y de soberanía digital, supone un obstáculo considerable para las empresas que no dispongan de acuerdos de compra de energía a largo plazo o de capacidad para invertir en nueva capacidad renovable.

Fuentes del sector consultadas han mostrado su preocupación por el impacto que esta medida pueda tener en el desarrollo de nuevos proyectos, especialmente de tamaño mediano. La exigencia de acreditación horaria implica, además, un sistema de verificación complejo que añade carga administrativa y costes operativos. Desde 2021 se han preconcedido más de 12 GW de derechos de acceso a la red, lo que refleja la magnitud del interés inversor previo a esta normativa.

Presión de las grandes tecnológicas y efecto sobre la competencia

El texto señala que las grandes tecnológicas, entre las que menciona a Amazon, han presionado al Gobierno para que la normativa sea más restrictiva. Esta presión se ha materializado en la inclusión de requisitos que, en la práctica, solo pueden cumplir aquellas compañías con una gran capacidad financiera y estructura operativa. Las empresas más pequeñas carecen de los recursos necesarios para afrontar las inversiones en nueva generación renovable y los sistemas de monitoreo horario que exige el decreto.

El resultado, según los críticos, sería la expulsión de competidores menores del mercado de centros de datos en España. La normativa crearía así una barrera de entrada difícil de superar para las pymes del sector, concentrando el negocio en las grandes corporaciones. Los recargos económicos y la posible pérdida de derechos de acceso a la red por incumplimiento son las herramientas coercitivas que contempla el texto, lo que refuerza la posición dominante de los grandes operadores.

Reacciones del sector y contexto regulatorio

El anuncio del Real Decreto ha caído como un jarro de agua fría en una mayoría del sector, que hasta ahora veía en España un destino atractivo para la instalación de infraestructuras digitales. Las previsiones nacionales apuntaban a unos 2,5 GW de potencia instalada en 2030, una cifra que ahora parece lejana si se mantienen las condiciones actuales. Las asociaciones empresariales han iniciado contactos con el ministerio competente para trasladar sus alegaciones antes de que cierre el período de audiencia pública.

Este movimiento regulatorio se enmarca en una tendencia europea más amplia de establecer requisitos de sostenibilidad y soberanía digital para los centros de datos. Bruselas ya ha manifestado su intención de armonizar criterios, pero la iniciativa española va más lejos en algunos aspectos, como la acreditación horaria del origen renovable. Los expertos consultados coinciden en que la norma, tal y como está redactada, podría frenar la inversión extranjera en un momento en que la demanda de servicios digitales no deja de crecer.