El Gobierno aprueba la prórroga de Almaraz sin publicar informes que la sustenten, según un análisis crítico

Una decisión política que evita la transparencia

El análisis, firmado por Fernando Ferrando Vitales, recuerda que el Gobierno había hecho del lema 'el dato mata al relato' una bandera para defender su gestión en materia de PIB, empleo o renovables. Sin embargo, con la prórroga de Almaraz, el Ejecutivo ha optado por el camino contrario: aprobar la medida un miércoles 12 de agosto para que su publicación en el BOE coincidiera con uno de los días más inhábiles del año, el viernes 14 de agosto.

Esta estrategia busca que la decisión 'pase desapercibida o, al menos, tenga el menor eco posible', sostiene el texto. Si el Gobierno tuviera datos que aconsejaran la continuidad de los reactores, no habría elegido esa fecha para hacerla pública, argumenta el autor, que considera que la falta de transparencia es deliberada.

Los argumentos en contra que el Gobierno ignora

El artículo enumera los datos que, según su autor, el Gobierno 'oculta y omite' a la hora de justificar la prórroga. Entre ellos, el riesgo que supone para la apuesta renovable del país, la falta de competitividad de la generación nuclear según las propias propietarias de las plantas, la escasa aportación a la gestionabilidad del sistema eléctrico y la generación de residuos, que califica de 'hipoteca para generaciones futuras'.

También menciona que la nuclear no asegura la independencia energética ni supone una posición competitiva para España, y recuerda que la crisis climática ya ha obligado a apagar reactores o reducir su potencia en países como Francia, Hungría, Rumanía o Suiza durante los veranos de 2025 y 2026 por la escasez de agua para refrigeración.

El procedimiento administrativo y el papel del CSN

El análisis detalla que el procedimiento administrativo del cierre de Almaraz se inició en 2024, como consecuencia del acuerdo firmado en 2019 entre los propietarios de las centrales y la empresa pública ENRESA. Ese acuerdo extendía la vida del parque nuclear diez años más, superando los 45 años de funcionamiento medio, y fue la contraprestación al sector eléctrico por el cierre paulatino del carbón.

Para evitar que en el segundo semestre de 2030 coincidieran el cierre de cuatro reactores —Cofrentes, Ascó I y Almaraz I y II—, se adelantó la desconexión de estos dos últimos a 2027 y 2028, escenario que sirvió de base al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El Gobierno comenzó a modificar su posición hace un año, cuando incitó a los propietarios a manifestar su interés por la prórroga, lo que ocurrió oficialmente en octubre de 2025.

Aunque no era jurídicamente necesario, el Ejecutivo solicitó un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que lo emitió el 16 de julio tras ocho meses de análisis. El informe concluía que la prórroga no planteaba problemas de seguridad, pero incluía un voto particular del consejero propuesto por Sumar que cuestionaba la lógica de la continuidad. Ni ese voto ni la petición de Sumar de cumplir el acuerdo de Gobierno fueron tenidos en cuenta, lo que ha generado una nueva fisura entre los socios del Ejecutivo.

Los argumentos esgrimidos y sus contradicciones

El Gobierno ha defendido la prórroga de Almaraz con razones que, según el análisis, no se basan en datos, como el cierre del estrecho de Ormuz y su impacto en los precios de la electricidad. El artículo recuerda que, tras el estallido de la guerra en Irán, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, presumió de que la apuesta por las renovables mantenía la volatilidad de los precios en España por debajo de la de otros países europeos.

Curiosamente, esa misma razón se utilizó para retirar las ayudas a la electricidad e incrementar los incentivos al diésel y la gasolina, una medida que el autor considera 'difícil de comprender' y contraria a la lucha contra el cambio climático. También se ha insinuado que Red Eléctrica (REE) recomendaba la prórroga, pero el texto recuerda que desde su creación REE se habría quedado con un 'mix fósil y de pocos operadores', obviando dificultades de gestión como el autoconsumo o la generación asíncrona. Además, subraya que la opinión técnica de REE no se tuvo en cuenta en 2020 cuando pidió participar en el control de tensión de la fotovoltaica.

El peso político y la necesidad de revisar el PNIEC

El análisis señala que el peso político de Cataluña ha sido determinante en la decisión, ya que la oposición al cierre de las nucleares es una bandera de casi todo su espectro político. La nuclear representa casi el 60% de la generación eléctrica catalana y el reciente encallamiento del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (Plater) deja claro, según el autor, cuál es la apuesta de futuro para ganar independencia.

Para el autor, la decisión de extender el funcionamiento de Almaraz es exclusivamente política, y será difícil de explicar a los votantes del PSOE, que han vivido un posicionamiento continuo antinuclear, alimentado por las repetidas manifestaciones de Pedro Sánchez a favor de las renovables y del mantenimiento del programa de cierre. El Gobierno ha generado un relato 'sin la rigurosidad y transparencia que tantas veces ha pregonado'.

Como salida, el artículo sugiere que el Ejecutivo debería reconocer que la política energética planificada no permite alcanzar los objetivos previstos y que, por tanto, es necesario modificar el PNIEC. En ese caso, concluye, 'el dato matará cualquier relato sobre la apuesta por la independencia energética y la lucha contra el cambio climático del Gobierno'.