Bruselas pone el foco en farmacéuticas y cosméticas para financiar el 80% del nuevo tratamiento de aguas: 4.020 millones en juego
La Unión Europea ha puesto sobre la mesa una factura millonaria para la industria farmacéutica y cosmética. El nuevo reglamento sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas obligará a estos sectores a asumir el 80% del coste del llamado tratamiento cuaternario, una tecnología diseñada para eliminar microcontaminantes como restos de medicamentos, cosméticos, pesticidas o microplásticos. El desembolso total estimado para el conjunto del sector alcanza los 4.020 millones de euros una vez que el sistema esté plenamente desplegado, un proceso que la propia directiva sitúa en un horizonte de unos 20 años.
Una factura de 4.020 millones que en España se traduce en 252
El nuevo marco normativo comunitario establece que la industria farmacéutica y la cosmética se hagan cargo del grueso de la financiación del tratamiento cuaternario de las aguas residuales. Según la información publicada por El Español, el coste total estimado para las empresas del sector asciende a 4.020 millones de euros en el conjunto de la UE, una vez completado el despliegue de esta tecnología.
Para España, el impacto económico se ha cifrado en 252 millones de euros. Esta cantidad representa la parte que correspondería asumir a las compañías farmacéuticas y cosméticas que operan en el mercado español, en función del principio de responsabilidad ampliada del productor que introduce la normativa.
El objetivo declarado de la medida es atacar el problema de los microcontaminantes en el agua. Estos compuestos, que incluyen residuos de fármacos, ingredientes de cosméticos, pesticidas y microplásticos, no se eliminan con los tratamientos convencionales y su acumulación en el medio ambiente se ha convertido en una preocupación creciente para las instituciones europeas.
La industria rechaza la metodología de Bruselas y apunta a un estudio independiente
El sector farmacéutico, a través de sus asociaciones, ha mostrado un firme rechazo a la fórmula elegida por Bruselas. El argumento central de las compañías es que la metodología utilizada por la Comisión Europea para calcular su responsabilidad sobreestima su contribución a la toxicidad de las aguas residuales, al tiempo que deja fuera del reparto a otros productos contaminantes que también acaban en el agua y que no asumirían carga alguna.
La presión del sector ha encontrado eco en las instituciones europeas. El Parlamento Europeo ha solicitado la realización de un nuevo estudio independiente que evalúe con mayor precisión el origen de la contaminación y la proporción de costes que corresponde asumir a cada industria.
En paralelo, el contencioso jurídico ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La abogada general del TJUE ha recomendado anular la obligación que impone al sector farmacéutico el pago del 80% de los costes de limpieza. Aunque el dictamen de la abogada general no es vinculante, su recomendación suele ser un indicador relevante de la dirección que tomará la sentencia definitiva del tribunal.
Un coste regulatorio que las empresas trasladarán a sus cuentas de resultados
La nueva directiva se inscribe en una tendencia creciente de la UE por trasladar a los productores el coste ambiental de sus productos, el conocido como principio de quien contamina paga. Sin embargo, en este caso la discusión no se limita a si las empresas deben contribuir, sino a cuánto y en qué proporción.
El desembolso de 4.020 millones supone un impacto significativo para un sector que opera con márgenes ajustados en algunas de sus líneas de negocio. Las compañías afectadas tendrán que decidir entre absorber este sobrecoste, con el consiguiente efecto sobre su rentabilidad, o trasladarlo a los precios finales de los medicamentos y productos cosméticos.
Por el momento, la batalla se libra en dos frentes: el político, con la petición del Parlamento Europeo de un nuevo estudio que sirva de base para renegociar la distribución de costes, y el judicial, con la recomendación de la abogada general del TJUE de anular el reparto actual. La resolución final determinará si la industria acaba asumiendo la factura completa o si Bruselas se ve forzada a revisar sus cálculos.
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