Las grandes fortunas contratan auditorías privadas ante el récord de inspecciones de Hacienda

Récord de expedientes, aunque la recaudación crece menos

La presión inspectora sobre las grandes fortunas no es una percepción. La Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes (UCCCPR), integrada en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), ha elevado sus actuaciones hasta un máximo histórico. Entre 2018 y 2024, la media anual de expedientes fue de 953, pero en 2025 se disparó a 1.329, un 39% más que el año anterior.

Sin embargo, el incremento de la actividad inspectora no se ha traducido en un aumento equivalente de la recaudación. El dinero liquidado creció solo un 9%, desde 501 millones hasta 547 millones, según datos de la Agencia Tributaria. Esta divergencia sugiere que el foco está puesto en la revisión de estructuras complejas, donde la conflictividad y la subjetividad de los criterios juegan un papel relevante.

Auditorías preventivas: el nuevo encargo estrella

Los despachos de abogados y asesores fiscales confirman que la prevención se ha convertido en una parte central de su trabajo. Las llamadas 'inspecciones privadas' consisten en auditorías internas de las estructuras patrimoniales y de las empresas familiares para detectar posibles vulnerabilidades antes de que Hacienda actúe.

Javier Morera, socio de Broseta, describe el clima: "Las inspecciones son cada vez más numerosas y más agresivas en sus planteamientos de regularización. Y cada vez hay menos disposición por parte de la Inspección a acuerdos o conformidades razonables, y más litigación derivada de las mismas".

Los asesores revisan, entre otros puntos, que la participación en el capital de la empresa familiar supere el 5% en todo momento (20% si es grupo familiar), que los activos afectos superen el 60% para evitar que se considere sociedad patrimonial, y que el contribuyente o la familia tengan funciones ejecutivas visibles y demostrables. También se verifica que existan empleados y estructura, y que la actividad sea real.

La deducción de empresa familiar, en el punto de mira

Uno de los frentes donde más se concentra la presión inspectora es la deducción de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio. Este incentivo, vigente en todas las comunidades autónomas, permite deducir de la base imponible los activos afectos a la actividad productiva en el mismo porcentaje que la participación en el accionariado. Para las grandes fortunas, cumplir con los requisitos cambia por completo su tributación.

El Plan de Control Tributario y Aduanero de 2026, publicado a principios de año, ya anunciaba la intención de intensificar la lucha contra el fraude en "personas físicas con patrimonios relevantes" y en "la utilización indebida de fórmulas societarias". También apunta a los sectores del comercio electrónico y el inmobiliario como áreas de control preferente.

La litigiosidad, además, se está trasladando a los tribunales. Clara Jiménez, socia responsable de Fiscal de Pérez-Llorca, advierte de "una tendencia sancionadora que está siendo objeto de debate a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Supremo que hablan de principios como el de buena administración y proporcionalidad en las sanciones". Esta dinámica, añade, "genera una importante conflictividad que sobrecarga los tribunales".

El Supremo amplía los gastos deducibles y aviva el debate

La conflictividad también llega por cuestiones muy técnicas. Javier Vinuesa, socio de Gómez-Acebo & Pombo, recuerda una sentencia reciente del Tribunal Supremo (639/2026) que amplía el perímetro de gastos deducibles en el Impuesto sobre el Patrimonio en el ámbito de la empresa familiar.

El alto tribunal "extiende la lógica de correlación ingreso-gasto y permite la deducción de determinados gastos ligados a activos que no forman parte de la actividad principal, siempre que los ingresos correspondientes se integren en la base imponible y no exista prohibición expresa", explica Vinuesa. Un pronunciamiento que los asesores ven como un respaldo a la posición de los contribuyentes en un área donde la Inspección tiende a ser restrictiva.

La Agencia Tributaria, dirigida desde julio por Antonio Francisco Ansón Latorre, que sustituyó a Soledad Fernández, ha hecho del control de los grandes patrimonios un eje de su estrategia. La combinación de más expedientes, más litigios y una recaudación que no acompaña al mismo ritmo dibuja un escenario de incertidumbre para las empresas familiares y sus propietarios.