Sánchez cortejó a los grandes fondos en Nueva York y les garantizó que la futura Ley de Vivienda no les afectaría
Pedro Sánchez aseguró en 2021 ante los principales fondos de inversión internacionales que la futura Ley de Vivienda ofrecería 'seguridad jurídica' y no perjudicaría sus intereses en España. El presidente, que desde 2018 se ha reunido en Nueva York con firmas como Blackstone, BlackRock o JP Morgan para atraer capital, ha endurecido ahora su discurso contra los inversores inmobiliarios y los usa como diana electoral.
El giro del discurso: de 'seguridad jurídica' a 'fondos buitre'
El presidente del Gobierno defendió ante los grandes inversores en Nueva York que la futura Ley de Vivienda daría 'seguridad jurídica' a sus operaciones y no perjudicaría sus inversiones en España. Según ha publicado El Español, Sánchez transmitió ese mensaje en 2021, en plena tramitación de la norma, en un momento en el que el Ejecutivo buscaba atraer capital extranjero para impulsar la recuperación económica tras la pandemia.
El contraste con el discurso actual no puede ser más acusado. El pasado 30 de septiembre, en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, Sánchez se definió a sí mismo como 'un traidor' a los 'fondos buitre que especulan con la vivienda', en respuesta a las críticas del PP por los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros.
El giro retórico no es menor: el mismo presidente que cortejó a los mayores fondos del mundo para que invirtieran en España, entre ellos los vinculados al mercado inmobiliario, ahora los convierte en el principal enemigo de su política de vivienda.
Una década de cortejo a los grandes inversores
Los encuentros de Sánchez con las principales gestoras internacionales no fueron un hecho aislado. Desde 2018, el presidente se ha reunido con firmas como Blackstone, BlackRock, Lone Star, Morgan Stanley, JP Morgan, KKR y CVC con el objetivo de atraer inversión a España. Nueva York ha sido el escenario habitual de estos contactos, que se han repetido cada año y que formaban parte de la agenda oficial del presidente en sus viajes a Estados Unidos.
La relación entre el Ejecutivo y estos fondos fue especialmente intensa durante los primeros años de la legislatura, cuando el Gobierno necesitaba transmitir confianza a los mercados internacionales. Las reuniones se presentaban como un aval de la 'estabilidad' del país para los inversores, y la Ley de Vivienda se diseñó inicialmente con un marcado tono de garantía hacia ellos.
La promesa de que la norma no afectaría a sus inversiones fue, según la información publicada, un argumento recurrente en esos encuentros. El presidente quería despejar cualquier duda sobre la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias en España.
Una definición legal que quedó fuera de los decretos
A pesar de la centralidad que el concepto de 'fondo buitre' ha adquirido en el debate político de los últimos meses, la definición legal de ese término quedó finalmente fuera de los decretos de vivienda que el Gobierno aprobó y que fueron rechazados en el Congreso. El concepto ocupaba un lugar central en el discurso político del Ejecutivo, pero no llegó a plasmarse en la normativa.
Este detalle subraya la distancia entre la retórica del Gobierno y su concreción normativa. Mientras el presidente utiliza a los 'fondos buitre' como arma de confrontación política, especialmente contra el PP, la regulación aprobada no incluye una definición jurídica que permita identificar y restringir la actividad de estos vehículos de inversión.
El artículo de El Español, firmado por Arturo Criado y Eduardo Ortega, recuerda que el uso electoral de esta disputa se ha intensificado en los últimos días, en un contexto en el que la vivienda se ha convertido en la bandera política del presidente ante un escenario electoral incierto.
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