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La Generalitat exige al Gobierno que intervenga ante Volkswagen para evitar la desaparición de Seat

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(El Español)

El Govern de Salvador Illa ha elevado el tono ante el plan de Volkswagen de jubilar la marca Seat en 2029. El ejecutivo catalán reclama al Gobierno central una intervención activa para preservar una enseña industrial de 76 años de historia, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene una posición más tibia, limitada a declaraciones públicas.

Una presión que sube de nivel

La Generalitat de Cataluña ha mantenido contactos del más alto nivel con el Gobierno central para que despliegue todas las herramientas a su alcance y evite que Volkswagen ejecute su plan de retirar la marca Seat del mercado a partir de 2029, según ha adelantado El Español. La petición se produce en un momento de máxima tensión para el sector del automóvil en Cataluña, donde la decisión de la matriz alemana se percibe como una amenaza existencial.

El ejecutivo autonómico no se ha limitado a una declaración formal: ha activado conversaciones directas con Moncloa y los ministerios implicados para que el Gobierno central ejerza presión ante Volkswagen. El objetivo es que la filial española no se diluya en Cupra, la marca de mayor valor añadido que la compañía ha convertido en su punta de lanza comercial y que ya ha superado a Seat en ventas globales.

Martorell: 25.000 empleos en juego

El epicentro de la preocupación es la factoría de Martorell, en el Baix Llobregat, que emplea de forma directa e indirecta a más de 25.000 personas. La planta es una de las mayores del sur de Europa y su actividad resulta determinante para el tejido productivo catalán, tanto por los puestos de trabajo que genera en su entorno como por el arrastre que produce sobre la industria auxiliar.

La desaparición de Seat no implicaría el cierre inmediato de la fábrica, que seguiría produciendo para Cupra, pero sí supondría la pérdida de una marca con 76 años de historia y la redefinición del papel de Martorell dentro de la estructura global de Volkswagen. Para la Generalitat, el coste reputacional, industrial y laboral de esa operación sería demasiado alto como para no intentar frenarla.

El origen del conflicto se remonta a la estrategia de electrificación del grupo alemán. Volkswagen afronta una transformación costosa y acelerada por las normativas europeas de emisiones, y ha decidido concentrar esfuerzos en Cupra, una marca más joven con mayor tirón comercial y mejor posicionada para afrontar las inversiones necesarias. Seat, por su parte, ha quedado relegada en el reparto interno de modelos y tecnologías, y su continuidad como enseña independiente está en cuestión.

Un diagnóstico silencioso en Moncloa

Mientras la Generalitat ha optado por una presión explícita, el Gobierno central ha mostrado una contundencia mucho menor. Fuentes conocedoras del proceso apuntan a que la reacción del Ejecutivo se ha limitado por ahora a declaraciones públicas de apoyo a la industria y a la marca, sin que se haya concretado ningún instrumento de presión tangible sobre Volkswagen.

La complejidad del asunto radica en que la decisión final reside en la cúpula de Volkswagen en Wolfsburgo, y cualquier intervención del Gobierno español ante la matriz alemana requiere coordinación diplomática y económica de alto nivel. La Generalitat reclama que ese esfuerzo se produzca y que el Estado actúe con la misma firmeza que emplea para defender otros intereses industriales estratégicos.

El futuro de Seat se decidirá en un tablero en el que se cruzan estrategia corporativa, política industrial y empleo. La marca que motorizó a varias generaciones de españoles con el mítico 600 y que hoy se ha convertido en un símbolo de la industria nacional espera un movimiento del Gobierno central que, por ahora, no llega.